Caso Banco Madrid

El bufete Zunzunegui Abogados asesora y defiende los intereses de aquéllos inversores con posiciones o fondos en Banco Madrid e Interdin, sociedad de valores propiedad al 100% de la entidad financiera.

Tras la nota del Tesoro de Estados Unidos identificando actividades de blanqueo de capitales por parte del banco andorrano BPA, matriz de Banco Madrid, se cierran las puertas al mercado interbancario a BPA, lo que determina su intervención por el INAF, supervisor andorrano, y a las pocas horas la intervención de Banco Madrid por el Banco de España, nombrando dos interventores.

El lunes 16 de marzo de 2015, el Banco de España declara en una nota de prensa la insolvencia de Banco Madrid, señalando el deterioro de la situación financiera y la posible pérdida de los depósitos no garantizados, al mismo tiempo que solicita el concurso de acreedores y suspende la operativa de la entidad. Ante este hecho, la CNMV se ve forzada a intervenir a la gestora de Banco Madrid y a su bróker Interdin, con suspensión de los reembolsos de los fondos y sociedades de inversión gestionados por Banco Madrid. Al día siguiente el juez de lo mercantil puso en suspenso la solicitud de concurso de acreedores y solicitó al Frob que comunicase si iba a abrir un proceso de reestructuración o resolución.

Finalmente, ante la negativa del Frob de abrir un proceso de resolución a la entidad Banco de Madrid, el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Madrid por Auto de 25 de marzo de 2015 declaró el concurso de acreedores con carácter voluntario de Banco Madrid y decretó la apertura de su liquidación.

Zunzunegui Abogados presta sus servicios profesionales como Despacho especializado en mercado financiero a inversores afectados por la crisis del grupo Banco Madrid. El bufete ofrece a sus clientes asesoramiento basado en la atención de consultas puntuales encaminadas a orientar a los afectados. En caso de materialización de pérdidas, el Despacho representa a sus clientes tanto en la fase extrajudicial de búsqueda de una transacción, como en fase judicial. En esta fase judicial, los servicios se minutan con arreglo a los criterios orientadores del ICAM, a los que se aplica una bonificación y la comisión de éxito pactada en la hoja de encargo profesional.